Que una potencia como Estados Unidos decida desplegar personal en 16 ciudades del país para vigilar el desarrollo de los comicios refleja una preocupación que va más allá de la cortesía diplomática. No se trata únicamente de garantizar transparencia; se trata de advertir, de manera implícita, que el proceso electoral colombiano está rodeado de riesgos reales.

Por Silverio José Herrera Caraballo

Por estos días, Colombia no solo se juega una elección presidencial: se juega su estabilidad democrática en medio de una tormenta donde convergen amenazas, intereses internacionales y profundas asimetrías en el terreno político. La reciente acreditación de Estados Unidos como observador electoral, avalada por el Consejo Nacional Electoral, no es un hecho menor ni protocolario. Es, más bien, una señal clara de que algo no está funcionando como debería.

Que una potencia como Estados Unidos decida desplegar personal en 16 ciudades del país para vigilar el desarrollo de los comicios refleja una preocupación que va más allá de la cortesía diplomática. No se trata únicamente de garantizar transparencia; se trata de advertir, de manera implícita, que el proceso electoral colombiano está rodeado de riesgos reales.

En ese contexto, resultan especialmente delicadas las alertas sobre posibles atentados contra figuras como Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. No son rumores de pasillo: son advertencias que, según la información conocida, han sido compartidas incluso con organismos internacionales como la CIA. Ignorar esto o minimizarlo sería una irresponsabilidad histórica.

Sin embargo, el debate público parece ir en otra dirección. Mientras se elevan estas alarmas, desde sectores del oficialismo se ha intentado posicionar la narrativa de un supuesto atentado contra Iván Cepeda, una versión que, hasta ahora, no ha sido respaldada con el mismo nivel de evidencia ni por los mismos canales institucionales. Esto no significa que deba descartarse de plano, pero sí exige un análisis equilibrado: no todas las amenazas tienen el mismo sustento ni la misma verificación.

Aquí surge una pregunta incómoda pero necesaria: ¿por qué algunos candidatos pueden recorrer ciertas regiones del país sin mayores obstáculos, mientras otros ni siquiera cuentan con las mínimas garantías de seguridad para hacerlo? No es un secreto que amplias zonas del territorio nacional siguen bajo la influencia de estructuras armadas ilegales. En esos territorios, la democracia es, en el mejor de los casos, limitada.

El hecho de que Cepeda pueda moverse en algunas de estas zonas donde De la Espriella y Valencia no tienen presencia efectiva plantea dudas legítimas sobre las condiciones reales de competencia electoral. No se trata de insinuaciones ligeras, sino de una realidad estructural que el país ha evitado enfrentar con suficiente contundencia: hay territorios donde la política no se define en las urnas, sino bajo la sombra de las armas.

En este escenario, la presencia de observadores internacionales no solo busca dar tranquilidad, sino también ejercer presión. Es un mensaje directo: el mundo está mirando. Y cuando el mundo observa, también evalúa. La legitimidad del próximo gobierno dependerá no solo del resultado numérico, sino de la percepción de que ese resultado fue alcanzado en condiciones justas.

Ahora bien, afirmar que existe un interés de Estados Unidos en evitar que Colombia “caiga” en manos de determinado candidato es una interpretación que debe manejarse con cautela. Las potencias actúan bajo lógicas estratégicas, sí, pero también dentro de marcos diplomáticos formales. Lo que sí es evidente es que Washington ha elevado el nivel de atención sobre el proceso colombiano, y eso rara vez ocurre sin motivos de peso.

Lo verdaderamente preocupante es que, mientras se cruzan estas señales internacionales, en el debate interno predomina el ruido, la desinformación y la polarización extrema. Se habla más de narrativas que de hechos, más de percepciones que de garantías reales. Y en medio de ese caos, los riesgos aumentan.

Colombia se enfrenta, posiblemente, a una de las elecciones más complejas y peligrosas de su historia reciente. No solo por la violencia latente, sino por la fragilidad institucional que empieza a evidenciarse en aspectos clave del proceso democrático.

La pregunta final no es quién va a ganar, sino en qué condiciones se va a ganar. Porque una victoria sin garantías no es una victoria democrática: es apenas una formalidad.

Y el país, hoy más que nunca, necesita algo más que formalidades. Necesita certezas.