Colombia continúa atravesando uno de los momentos más complejos de su historia reciente, no solo por los indicadores económicos, sino por la forma errática en que el poder ejecutivo ha decidido enfrentar (o más bien confrontar) la realidad. El presidente Gustavo Petro ha convocado al pueblo a la movilización para defender dos decisiones centrales de su gobierno: la declaratoria de emergencia económica y el aumento del salario mínimo, rebautizado por él mismo como “ingreso o salario vital”. Y aunque la movilización social es legítima en una democracia, lo que hoy inquieta profundamente es la razón por la cual se convoca y lo que se pretende encubrir tras ella.
No es censurable que un presidente invite a la ciudadanía a expresarse. Lo verdaderamente grave es que esa invitación se haga para blindar decisiones que ya están siendo cuestionadas por la justicia, por los gremios, por expertos en derecho constitucional y por economistas de distintas corrientes. Y aún más grave: que dichas decisiones no respondan a una crisis imprevista, sino a una cadena de errores de gobierno que hoy se intenta justificar mediante el ruido de la calle.
La emergencia económica decretada por el Ejecutivo no surge de una catástrofe natural, ni de una guerra, ni de un colapso financiero externo. Surge, fundamentalmente, de la incapacidad política del Gobierno para construir consensos en el Congreso, de una ejecución fiscal deficiente y de una agenda económica ideologizada que ha debilitado la confianza inversionista, el crecimiento y el recaudo. Es decir, una crisis provocada no puede usarse como excusa para gobernar por decreto.
Y eso no es una opinión ligera: las demandas contra la emergencia económica ya han sido admitidas, lo que confirma que existen serias dudas sobre su constitucionalidad. La Corte Constitucional tendrá que decidir si el Gobierno abusó de una figura excepcional para saltarse el debate democrático. Convocar al pueblo para presionar indirectamente a las cortes no es liderazgo; es una forma peligrosa de tensionar la separación de poderes.
El mismo patrón se repite con el salario mínimo. El incremento decretado (cercano al 24 %) fue presentado como un acto de justicia social, como la materialización de un “salario vital” que permitiría a las familias vivir dignamente. El concepto puede ser atractivo en el discurso, pero no reemplaza los criterios legales y técnicos que la ley colombiana exige para fijar el salario mínimo: inflación, productividad, crecimiento económico y sostenibilidad del empleo.
No es casualidad que el decreto ya enfrente múltiples demandas, algunas de ellas admitidas por el Consejo de Estado. Tampoco es casualidad que gremios como Fenalco hayan advertido sobre el riesgo de destrucción de empleo formal, especialmente en pequeñas y medianas empresas, que son las más vulnerables a incrementos abruptos de costos laborales. Aquí no hay una conspiración de “élites”; hay alertas técnicas que el Gobierno decidió ignorar.
Lo preocupante es el método. Cuando el debate técnico se pierde, el Gobierno responde con consignas. Cuando aparecen demandas legítimas, se responde con movilización. Cuando la institucionalidad cuestiona, se acusa de sabotaje. Esta no es la conducta de un estadista; es la conducta de un candidato permanente, incapaz de asumir que gobierna para todos y no solo para su base política.
Petro fue elegido presidente, pero nunca dejó de comportarse como candidato. Sigue en campaña, sigue señalando enemigos, sigue dividiendo al país entre “pueblo” y “opositores”, entre “buenos” y “malos”, mientras los problemas estructurales se agravan: déficit fiscal, bajo crecimiento, inseguridad jurídica, desconfianza empresarial y una administración pública sin rumbo claro.
El populismo no siempre se expresa con gritos; a veces se disfraza de decretos bien intencionados. Pero el resultado es el mismo: medidas que suenan bien en el micrófono, pero que fracasan en la realidad. Un salario decretado sin respaldo productivo no genera bienestar; genera inflación y desempleo. Una emergencia económica sin causa sobreviniente no soluciona la crisis; la profundiza.
Y aquí está el punto central que el país debe entender: las cortes no están atacando al pueblo, están cumpliendo su función constitucional. Las demandas no buscan quitar derechos, buscan evitar que el Ejecutivo gobierne sin límites. Defender el Estado de derecho no es antipopular; es esencial para la democracia.
Colombia no necesita más confrontación, ni más discursos incendiarios, ni más llamados a la calle para tapar improvisaciones. Necesita seriedad, rigor técnico, diálogo institucional y liderazgo real. Gobernar no es agitar; gobernar es resolver. Y hoy, tristemente, lo que vemos es un país con más problemas que soluciones, dirigido por un presidente que prometió cambio, pero terminó atrapado en sus propias contradicciones.
La historia juzgará este momento. Pero mientras tanto, la ciudadanía tiene el derecho (y el deber) de exigir algo elemental: menos propaganda y más gobierno